Amnistía Internacional y el CELS advirtieron que Milagro Sala permanece detenida “de manera arbitraria”. Más de 1600 dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos reclamaron la libertad inmediata.
El sábado 16 de enero de 2016 la dirigente social Milagro Sala fue detenida por participar de un acampe frente a la casa de gobierno de Jujuy en protesta contra medidas tomadas por el gobernador radical de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales. Fue el hecho que inició el período de criminalización de la protesta social, una constante durante los cuatro años de la presidencia de Mauricio Macri.
Cinco años después, Milagro Sala continúa en prisión preventiva en su domicilio. Acumula un total de seis juicios y dos condenas, ninguna firme. La primera, 2017, fue por un “huevazo” contra Morales, en 2009, cuando era senador nacional por Jujuy.
La defensa logró probar que ella no había participado, sin embargo fue acusada de ser la instigadora del escrache y la condenaron a tres años de prisión. La segunda condena llegó recién en 2020, por asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado en la causa “Pibes Villeros”, que investigó supuestos desvíos de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas. La sentencia estableció 13 años de prisión.
Este viernes, Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) advirtieron que “la persecución continúa hasta hoy” y que “resulta inadmisible que el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina sea materia de persecución penal”. También destacaron que la detención preventiva de Milagro Sala ”resulta violatoria de las garantías del debido proceso y presunción de inocencia”.
Esta semana, más de 1600 dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos reclamaron la libertad inmediata de Milagro y señalaron al gobernador Gerardo Morales como responsable de su persecución. La carta titulada “Por una democracia sin presas y presos políticos” tiene la firma de varios funcionario del gobierno, como el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos nacional, Horacio Pietragalla Corti; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; y la asesora presidencial Dora Barrancos, entre otros.
“Nos proponemos dar a conocer el proceso ilegítimo de detención y persecución de la organización que Milagro lidera, denunciar ante la Justicia la vulneración a los derechos humanos y civiles, exigir el justo proceso y la libertad de Milagro y las compañeras detenidas, y abrazar de solidaridad a quienes durante todos estos años fueron criminalizados por su compromiso con el pueblo pobre”, define la solicitada.