La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir expresó su preocupación por el estado de salud de la nena, que fue sometida a una microcesárea aún cuando solicitó la interrupción del embarazo.
En la provincia de Jujuy se privó de una Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) a una niña de 12 años.
Se la sometió a una microcesárea estando en su segundo trimestre de embarazo de gemelos arriesgando la vida de la niña y de los bebés.
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir expresó su preocupación por el estado de salud de la nena, que fue obligada a cursar el embarazo consecuencia de una violación a pesar de que solicitó la interrupción desde que ingresó al sistema de salud público.
De acuerdo a la información a la que pudieron acceder las integrantes de la Red de Profesionales, la niña ingresó al Hospital Materno Infantil Héctor Quintana de la capital jujeña al menos hace una semana y ya cursando un embarazo avanzado en su segundo trimestre.
Marisa Ariza, integrante de la Red de profesionales por la salud y el derecho a decidir”, contó que la nena “desde el minuto cero solicita la ILE”, por lo que “sentimos que hubo una vulneración espantosa por parte del Estado”. “Efectivamente, había solicitado la ILE en sus términos y desde la Provincia se dilató la resolución del caso para lograr una maduración fetal”, reiteró.
Sin embargo, las autoridades a cargo del Ministerio de Salud de Jujuy desestimaron la propuesta y decidieron no garantizar el derecho a la ILE.
Tras esta decisión por parte de las autoridades jujeñas, se programó una microcesárea, que se realizó el domingo pasado. “No fue una ILE, sino fue una cesárea post maduración fetal con la única intención que esos fetos tengan posibilidades de vida, desestimando la salud física y emocional de la niña“, cuestionó la trabajadora social.
La Red afirmó que si se tiene en cuenta “el altísimo riesgo obstétrico y vital que corre una niña embarazada siendo menor de 13 años” sumado a las consecuencias psicoemocionales que podrían generarle “el dar a luz algo que ha sido impuesto violentamente sobre su cuerpo y su vida, reafirmamos cuánto hay de cierto cuando hablamos de maternidades forzadas”.
A diferencia de lo ocurrido el año pasado, la niña de El Carmen no cuenta con adultos que la acompañen, dado que existe una situación judicial entre sus progenitores. Actualmente está bajo responsabilidad de la Defensoría de Menores, por lo que el Estado “resulta su adulto referente”, manifestó Ariza.
La Red repudió que no se contemplen “los padecimientos de las niñas abusadas, que en manos de quienes deberían protegerlas de las desigualdades ya reinantes en sus vidas, las perpetúan siniestramente, abusándolas también desde el Estado”. E instó a que se respeten los derechos vigentes en el Código Penal, los protocolos ILE y los convenios a favor de una vida libre de violencias para niños, niñas y adolescentes.
Jujuy está adherida al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo y además, desarrolló un protocolo específico junto a Unicef en el que se establece el derecho a la ILE para los embarazos en niñes y adolescentes menores de 15 años.
La trabajadora social dijo que la nena “físicamente está bien” después de la intervención quirúrgica, pero cuestionó que si se entiende a la salud desde una perspectiva integral y no sólo física, “sabemos que su estado es complejo”. “No sólo por sus condiciones de vida, en donde existe abandono, sino por la suerte de vulneraciones que se dieron en estos días”, argumentó.