La presión social obligó al Gobierno a incluir en una segunda ampliación del temario de las sesiones extraordinarias en la Cámara baja el proyecto que plantea capacitar obligatoriamente en temática de género para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. En Diputados hubo 171 votos a favor y sólo uno en contra, del salteño Alfredo Olmedo. En el Senado el apoyo fue unánime.
El Senado aprobó ayer por unanimidad la ley Micaela. La ley propone la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” de manera obligatoria a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado. No distingue jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones y abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y organismos descentralizados.
El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres (INAM), que dirige Fabiana Tuñez, y el Ministerio de Modernización.
Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
El fallo que absolvió de abuso sexual y femicidio a los imputados por el crimen de Lucía Pérez dejó en evidencia la necesidad de formar a los profesionales de todas las áreas del Estado en materia de género. El impacto público del “Mirá cómo nos ponemos” por la denuncia de violación que hizo pública Thelma Fardin contra Juan Darthes fue otra de las variantes que empujaron el proyecto, que se había presentado en 2017, tenía dictamen de comisión (consensuado entre diputados de todos los bloques) desde hacía meses y sin embargo corría riesgo de perder estado parlamentario por no ser tratado en el recinto.