A partir del próximo sábado, los 200 centros de diálisis privados de la Argentina dejarán de atender a los pacientes carenciados pertenecientes al programa federal “Incluir Salud”, a raíz de “una deuda que mantiene el Estado nacional por más de 250 millones de pesos”.

Así lo denunció la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), que remarcó “la falta de respuestas ante los reiterados reclamos de pago”. La medida afectará a más de 1.500 pacientes sin recursos.

Los directivos de Cadra enviaron cartas documento al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzabal, y al responsable del programa, Pablo Atchabahian, “para evitar consecuencias no deseadas”.

“Nosotros como Cadra somos representantes de los centros de diálisis de todo el país. Tenemos un viejo reclamo por deudas que llevan un largo tiempo y que nos han generado una situación de quebranto, fundamentalmente en el norte del país”, aseguró el titular de Cadra, Darío Zapata.

El presidente de la entidad confió que el desfinanciamiento que sufren los centros se debe, entre otros motivos, a la “insuficiencia del valor del módulo, el desfasaje de los costos de los materiales, el incremento de los honorarios profesionales y sueldos y la demora en el pago de las prestaciones”.

“Hay que tener en cuenta que los pacientes que reciben diálisis acuden a los centros tres veces por semana, cuatro horas y es el tratamiento sustitutivo de la función renal. Hay personas que, gracias a este tratamiento, tienen garantizada su continuidad de vida, lo cual es sumamente delicado”, agregó.

Incluir Salud -anteriormente llamado PROFE- pasó a depender este año de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos.

En el caso de la diálisis, se firmó un acuerdo por el cual el Estado deriva a los centros privados los pacientes carenciados y les paga por los servicios (las sesiones más el traslado). “En la práctica, el Gobierno nacional no paga desde abril del año pasado”, denuncia la entidad.

A su vez, los profesionales de la salud vienen realizando paros ininterrumpidamente. Los despidos en hospitales nacionales como es el caso del Hospital Posadas son moneda corriente desde 2016.

Se le suma la falta de presupuesto que se dispone para las salitas de primeros auxilios, a las que acuden miles de personas diariamente en los barrios del conurbano que tienen poco acceso a los grandes centros de atención integral.

Denuncian faltantes de preservativos en centros de prevención sexual tanto en el conurbano como en las instalaciones médicas de CABA y alrededores. Así como también los médicos denuncian la falta de insumos en todas las áreas de la salud.

Ante este panorama, y la decisión política de quien dirige el Ministerio del cual dependen todas las instituciones de salud, de sostener el ajuste en un área tan delicada como lo es la misma, es como mínimo, muy cuestionable.

El pasado mes se instaló y se mediatizó el debate por la legalización del aborto. Y fue notable la adhesión a esta causa por parte de varios funcionarios de Cambiemos. Uno de ellos fue Rubinstein, el propio Ministro de Educación de Mauricio Macri. Sus frases más relevantes durante las exposiciones que dio, giraron en torno a abordar el tema del aborto como un hecho de salud pública, que ubicará a la Argentina “entre las sociedades de avanzada”.

La pregunta que se podrá formular es,  qué país de avanzada que considera como un hecho de salud pública la legalización del aborto, a su vez que recorta medicamentos, cierra hospitales, reduce personal con más de 35 años de antigüedad en tratamientos oncológicos, o deja sin cobertura médica a enfermos que necesitan dializarse todos los días. 

El debate sobre la legalización del aborto ha tenido la relevancia mediática de poder instalar la demanda de los sectores más marginados de poseer los mismo derechos para acceder a la salud pública a través de la institucionalización de una práctica que se realiza cotidianamente en todo el país, dejando mujeres muertas todos los años, y que es el aborto clandestino.
Lo notable es que esta demanda, que inside en el seno de la cuestión social, tiene como víctimas a las mujeres de los sectores más marginados, los mismos sectores que son excluídos por las políticas de ajuste de un gobierno que aprovechó con oportunismo un debate inclusivo, pero que apunta a generar políticas que cada día dejan a más personas afuera del sistema público.