La joven había llegado el domingo por la noche a la guardia de un Hospital de la zona norte del conurbano, que depende de la provincia de Buenos Aires, por las consecuencias en su salud que le provocó un aborto inseguro. Tenía una infección provocada por el tallo de perejil que usó para abortar. En su útero le encontraron restos de la planta. Las y los profesionales médicos le realizaron una histerectomía de urgencia. Perdió su útero y fue trasladada a un centro de salud de mayor complejidad en General Pacheco. No sobrevivió. Tenía 24 años y era madre de dos niños.
Desde el regreso de la democracia hasta 2016,  3040 mujeres murieron como consecuencia del aborto clandestino. La muerte de esta joven ocurre a menos de una semana que el Senado decidiera bloquear la posibilidad de ampliar derechos.
Según datos oficiales,  por año 50 mil mujeres y personas gestantes son internadas en hospitales públicos porque abortaron de manera insegura en la clandestinidad. Se calculan 29 mil abortos por mes, 985 por día y 41 por hora. Una de estas interrupciones voluntarias de embarazos fue la de Liz, a la que el Estado le dio la espalda.

Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, ayer publicaron un comunicado al enterarse de la situación: “En el día de hoy tomamos conocimiento de la situación de una mujer que consultó en grave estado de salud a un Hospital provincial”, relatan, “se encuentra internada peleando por su vida”, agregan. Y apuntan de forma directa a la máxima autoridad de la provincia, María Eugenia Vidal: “la clandestinidad es esto gobernadora, es lo que está viviendo esta mujer y su familia”.

Sobre el penoso resultado de la votación del 9  de agosto,  la Campaña por Aborto legal, gratuito y seguro advirtió: “No hay ganadores cuando las mujeres y personas gestantes de nuestro territorio siguen abortando en clandestinidad. La reflexión es profunda: ante la oportunidad de cambiar se ha elegido conservar el statu quo penal de 1921 y sostener una norma que discrimina porque condena a solo una parte de la población”.

Para la Red de profesionales de la Salud estamos frente a “los costos de votar en contra del aborto legal, seguro y gratuito” y finalizan en el comunicado: “¿Todavía queda alguna duda de que la clandestinidad pone en riesgo la salud de las mujeres y personas gestantes? ¿Todavía queda alguna duda de que tenemos que dar una respuesta desde el sistema de salud?”.