Por presunto “peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación”, el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou volvió a quedar detenido sin sentencia firme. Un dato que transforma nuevamente al caso como un ícono de la irregularidad judicial. Argentina tiene actualmente más de 20 presos políticos condenados ilegalmente por el macrismo.
Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso Ciccone, acusado de cohecho y de negociaciones incompatibles con la función pública. José María Núñez Carmona recibió una pena de 5 años y 6 meses, mientras que el dueño de la empresa fue condenado a 4 años y 6 meses y tendrá prisión domiciliaria. Los dos primeros quedarán presos en Ezeiza. Alejandro Vandenbroele, de la firma The Old Fund que aparece en escena para el levantamiento de la quiebra de la imprenta logró una pena de 2 años de prisión en suspenso.
Lo más paradójico quizá es que en su declaración, que sostuvo buena parte del proceso, descartó que Boudou fuera su testaferro. Siempre se mantuvo en que los que pusieron dinero para reflotar Ciccone fueron los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. Rafael Resnik Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, y Guido Forcieri ex funcionario de Economía, recibieron 3 años y 2 años y medio en suspenso respectivamente.
La decisión del tribunal fue dividida, tanto en la calificación legal y los montos de las penas como en relación a las detenciones. La mayoría estuvo conformada por Pablo Bertuzzi y Néstor Costabel. Con voto propio y disidencias, María Gabriela López Iñíguez. La detención de Boudou había sido pedida especialmente por la Unidad de Información Financiera (UIF), el órgano antilavado del Poder Ejecutivo a través del cual el Gobierno de Cambiemos pone un pie en numerosas causas contra ex funcionarios del kirchnerismo, como también lo hace la Oficina Anticorrupción (que, en cambio, no querella contra los propios).
Uno de los antecedentes más significativos están en el propio TOF4, que emitió célebres condenas en casos de corrupción y narcotráfico, y al momento del veredicto no mandó a detener a nadie: a Carlos Menem, Domingo Cavallo y el ex ministro Raúl Granillo Ocampo les impuso penas de cumplimiento efectivo por los sobresueldos de los noventa en 2015, pero no los detuvo; tampoco apresó a los empresarios condenados por tráfico de efedrina que recibieron penas de hasta 11 años de prisión en 2014. Otros casos del mismo TOF4, con condenas altas y sin detención en el momento: María Julia Alsogaray (enriquecimiento ilícito) y el ex juez Carlos Liporace (por favorecer a la curtiembre Yoma). La semana pasada siete policías fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de Daniel Solano, trabajador golondrina en Choele Choel, y siguen en libertad.
Las “últimas palabras” del ex vicepresidente fueron: “jamás negocié por mí ni a través de terceros la compra del 70 por ciento del paquete accionario”. Y agregó: “la situación del cohecho no tiene correlato con ninguna de las pruebas que se dieron”, enfatizó, mientras repasaba las afirmaciones de Vandenbroele. Atribuyó al juicio “cuestiones extrañas desde un inicio” y relacionó las denuncias iniciales sobre el caso con su impulso a la estatización de las AFJP en su gestión en la Anses. “Acá también hay una cuestión de revancha de clase, de aleccionar, de que nadie se tiene que animar a cambiar las cosas. Los políticos que deciden cambiar la realidad son perseguidos. Primero desde el punto de vista mediático, luego desde el sistema de justicia”, afirmó. A Núñez Carmona se le quebró voz cuando les pidió disculpas en voz alta a Vandenbroele y a Forcieri, sus amigos. “Están acá por mi culpa”, dijo.